El Ejecutivo se comprometió a dar trabajo, formación o prácticas a cualquier nini en un periodo de cuatro meses desde el momento en el que se apuntasen telemáticamente al nuevo registro electrónico único. Sin embargo, el Real Decreto-Ley 8/2014 que regula la Garantía Juvenil omite cualquier plazo, debido a los problemas de las Comunidades Autónomas para aplicarlo. Los 850.000 jóvenes a los que se pretendía beneficiar con esta ambiciosa medida corren el riesgo de que la iniciativa encalle.
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