Desde hace 13 años, el Gobierno cuenta con un guardián de las puertas giratorias para velar por que nuestros altos cargos no sean tentados por empresas o instituciones interesadas en su capacidad de influencia o agenda de contactos. La Oficina de Conflictos de Interés, dependiente del Ministerio de Política Territorial, es supuestamente la garante de que se cumpla el punto primero del régimen de incompatibilidades.
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