La relación entre la recaudación de impuestos y el modelo de estado de bienestar que perseguimos debería ser evidente y lógica: los ingresos han de servir para financiar los servicios sociales. Pero este binomio no es ni tan obvio, ni tan real. La política fiscal, una política pública, debe regirse por un principio de progresividad, para recaudar en función de la capacidad económica real que se tiene y financiar el gasto público. Por desgracia, todo esto está lejos de ser una realidad. Es una de las grandes injusticias de nuestro país.
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