La familia González Mejía lleva más de diez años luchando por hacer efectiva una sentencia del Tribunal Supremo de 1997, donde se le reconocía su derecho de adquisición forzosa de unos terrenos que labraron durante años y donde hoy se levanta el Residencial Francisco Hernando. La maestría de El Pocero y sus abogados, ayudados por la lentitud de la justicia, impidió a los González Mejía hacerse con los terrenos. El terreno en litigio alcanza una extensión de casi 720.000 metros cuadrados, lo que supone valorar cada metro cuadrado en 2,4 euros.
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