La decisión del Gobierno de elevar la edad mínima de consentimiento sexual de los 13 a los 16 años es una decisión "algo extrema" dado que en España las relaciones sexuales entre adolescentes suelen iniciarse entre los 14 y 16 años en más de la mitad de los casos, por lo que se estaría criminalizando o judicializando lo que actualmente es una realidad social.
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