Las nuevas normas obligan a los medios a revelar sus propietarios y las fuentes de financiación, tanto de publicidad o de subvenciones gubernamentales. Esto también se aplica a la financiación recibida fuera de la Unión Europea. En cuanto a los medios estatales, la ley exige que garanticen en sus publicaciones el «pluralismo de opiniones» y una cobertura imparcial de los acontecimientos. Las autoridades nacionales, por su parte, deben proporcionarles a estos medios financiación estable, garantizar la transparencia e independencia política...
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