La documentación del caso revela que González Amador trató de dar marcha atrás a parte de la ingeniería fiscal puesta en marcha para eludir impuestos por las millonarias comisiones de las mascarillas medio año después de saber que estaba siendo investigado por la Agencia Tributaria. El empresario trató de anular dos facturas que suman la mayor parte del fraude y tributar por ellas como si fueran nuevos ingresos en la declaración fiscal del año 2022, presentada en el verano de 2023.
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