los movimientos sociales y las organizaciones políticas corren el riesgo, de que cualquier protesta colectiva que obstaculice la actuación policial o judicial “podría ser calificada como sedición, con la enorme cantidad de años de condena que puede suponer”. Para Pastor, esta condena no solo va dirigida contra “esos más de dos millones de personas que votaron el 1 de octubre” sino también contra “cualquier forma de desobediencia civil colectiva, incluso pacífica, que pudiera practicarse frente a leyes injustas o a sentencias judiciales,...
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