El Tribunal considera que en caso de financiarse con dinero público una unidad de espionaje en el cuerpo policial "podrían constituir diversos delitos, desde malversación de caudales públicos a prevaricación, sin descartar delitos contra la intimidad, en función de la forma en que se realizaran los supuestos espionajes o vigilancias". "Por consiguiente se cumplen los requisitos para que proceda a admitir la denuncia e incoar diligencias de investigación", añaden.
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