“Los inversores institucionales compran grandes cantidades de viviendas asequibles y sociales (a veces barrios enteros), desplazando a las familias y comunidades de menores ingresos”. “Las personas y corporaciones ricas”, continúa, “utilizan los bienes inmuebles residenciales para aparcar capital, eludir impuestos u ocultar ganancias adquiridas ilícitamente”. Esto ha provocado “que se hayan inflado los precios del suelo y de la vivienda, y que partes notables del parque inmobiliario hayan quedado vacías”.
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