Después de la violenta operación emprendida por el ejército el 9 de marzo para expulsar a los manifestantes de la plaza, al menos 18 mujeres fueron puestas bajo custodia militar. Las manifestantes han contado a Amnistía Internacional que las golpearon, les aplicaron descargas eléctricas, las sometieron a registros corporales sin ropa mientras soldados varones las fotografiaban, y luego las obligaron a someterse a “pruebas de virginidad” y las amenazaron con acusarlas de prostitución.
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