A pocos meses vista de las elecciones municipales y autonómicas, el gobierno municipal intentaba forzar el traslado a las nuevas instalaciones judiciales. En ese momento salían a relucir numerosas deficiencias en el proyecto, que hacían que los colectivos profesionales de la justicia rechazaran el traslado. Los nuevos juzgados carecían de espacio suficiente, no tenían accesos para discapacitados y presentaban numerosos fallos en su infraestructura
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