La intención del Ejecutivo es que las jóvenes de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo sin el consentimiento paterno cuando aleguen que decírselo a su familia les provocara un conflicto grave. De esta forma, podrán interrumpir su embarazo sin el consentimiento paterno cuando aleguen que decírselo a su familia les provocara un conflicto grave por el peligro de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo.
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