El “ahorro” que la presidenta anuncia con tanto orgullo, cifrado en 130 millones de euros anuales por la bonificación en Sucesiones y Donaciones, beneficia a unos 13.000 madrileños. Pero lo que no dice es que este dinero, que dejará de ingresar la Comunidad, tendría un impacto mucho mayor si se destinara a servicios públicos. Mientras algunos reciben un alivio fiscal, las y los profesionales de la sanidad, la educación y los servicios sociales sufren la falta de recursos.
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