Según la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión, entre 2014 y 2022 hubo 877 intentos de castigar a académicos por expresiones que están, o lo estarían en contextos públicos, protegidas por la Primera Enmienda. El 60% se tradujo en sanciones reales, incluidos 114 incidentes de censura y 156 despidos (44 de ellos de profesores titulares); más que durante la era McCarthy. Peor aún: por cada académico castigado, muchos más se autocensuran, sabiendo que podrían ser los siguientes.
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