Si de verdad funcionaran las cosas en España, notarios y registradores tendrían que devolver los millones de euros, los que sean –las estimaciones hechas calculaban casi 100 millones en un solo año con las más de 370.000 cancelaciones hipotecarias en 2010–, por engordar las minutas a la hora de efectuar esas cancelaciones. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció estas prácticas hace un año, y ahora el Tribunal Supremo le ha dado la razón.
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