En 2014, el juez Castro dicta una providencia en la que prohibía terminantemente cualquier tipo de grabación de imágenes y sonidos de la vista oral. Dos abogados son acusados de grabar la vista, lo que supuso arruinarles la vida con toda una carrera por delante, tres años de calvario. Fueron "una cabeza de turco para tapar la absoluta negligencia de los servicios de seguridad, que es más grave porque la comparecencia de la Infanta Cristina se trató al más alto nivel de seguridad, como un asunto de Estado".
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