El comportamiento oligopolístico de las empresas que componen el mercado eléctrico patrio simplemente se está beneficiando de un sistema de fijación de precios perjudicial para nuestra salud, pero que mueven otros jugadores, los inversores institucionales. Afecta ya a toda Europa, y emana de algo que debería ser revertido por acciones legislativas claras y contundentes: la desregulación de los mercados de derivados de materias primas a finales de los 90, con la consiguiente financiarización de derechos humanos básicos.
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