En un Estado democrático y de derecho,los jueces debieran haberse cuestionado este dudoso papel en el marco de un problema político,sino que deberían haber aplicado prudentemente el principio de mínima intervención que rige el derecho penal;éste establece que habrá de intervenir cuando no haya la más mínima duda de la comisión de delitos y que éstos sean graves.Si ya es dudoso que el delito de sedición pueda calificar hechos que,como mucho,no son más que desórdenes públicos,mucho más inadecuado es suponer que la competencia la tiene AN(art.65..
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