Multar a los clientes de la prostitución es conforme a la Carta Magna francesa, dictaminó este viernes el Consejo Constitucional, al que habían recurrido diversas organizaciones sociales ante las consecuencias que consideran negativas para las profesionales del sexo de una ley de 2016. Acaba así una batalla jurídica de dos años y medio que ha enfrentado a ONG favorables y contrarias a la penalización del cliente, tal y como se incluyó desde esa ley que fija multas de 1.500 euros, y hasta 3.750 euros en caso de reincidencia.
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