La Fiscalía llega tarde a pedir información por las muertes en residencias de Madrid, Cataluña y Castilla La Mancha. Activistas y asociaciones de víctimas no se fían y exigen investigaciones y que se depuren responsabilidades tanto a nivel político, como en los mismos centros, empresas gestoras y patronales, que insultan a las verdaderas víctimas y sus familias.
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