Al menos tres sociedades ‘offshore’ creadas por el despacho panameño Mossack Fonseca fueron utilizadas en la red de desvío de fondos de la venta de material policial de España a Angola realizado a través de la empresa de participación pública Defex. Los directivos de la empresa semipública José Ignacio Encinas Charro y Ángel María Larumbe Burgui, entre otros, están siendo investigados por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por haberse llevado 41 millones de euros obtenidos de la venta de armas al país africano.
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