La resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha obligado al Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero,a modificar el pliego de prescripciones de una licitación pública. El tribunal ha dado la razón a una empresa que denunció que discriminaba a los hombres.El pliego inicial conculcaba la igualdad de género al imponer que ciertos trabajadores fueran específicamente mujeres. La resolución concluye que la redacción de los pliegos “vulnera nuestro orden constitucional, así como los artículos 1 y 126 de la LCSP”
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