La juez Alaya sospecha que, en el marco de esta «trama», pudieron cometerse, al menos, delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, así que resuelve el inicio de otras dos causas separadas: una sobre las prejubilaciones de Mercasevilla en 2003 y 2007 y otra sobre las regulaciones laborales en el restaurante Río Grande y la firma textil Hitemasa. La instructora hace suyas las conclusiones del informe de la Policía Judicial, que identifica a múltiples «actores» con muy diferente grado de intervención.
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