La primera vinculación legal de los médicos con la tortura hay que buscarla en la Constitutio Criminalis Carolina (1532), cuerpo de leyes del Sacro Imperio Romano Germánico editado durante el reinado del Emperador Carlos V. En este texto se establece la presencia oficial de un médico en las sesiones de tortura, con el principal objetivo de dictaminar la resistencia de los reos.
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