John P. Linstroth, uno de los mediadores que firmó en marzo la Declaración de Bruselas, acusa al Gobierno español de mantener "una postura muy intransigente con los vascos", de utilizar "medidas represivas" y "tácticas sucias" y de "no haber cumplido todas sus promesas con ETA durante los procesos de negociación de los anteriores alto el fuego", motivo por el cual consideró necesario "a largo plazo" impulsar una mediación internacional para acabar con el "conflicto" en el País Vasco.
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