La tramitación de los proyectos fue chapucera e irregular en la mayoría de los casos y no se cumplieron las expectativas de contratación esperadas. El Plan E o Fondo Estatal de Inversión Local ha sido fiscalizado ahora por el Tribunal de Cuentas y el informe final resulta demoledor para los gobiernos locales que gestionaron sólo en la provincia leonesa 87,5 millones de euros en 599 proyectos de uso público.
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