El Instituto de Derecho Público (IDP) de la URJC concedió un máster a Cristina Cifuentes sin exigirle asistir a las clases, hacer exámenes o presentar ante un tribunal reglamentario su supuesto proyecto fin de curso, pero ofrece esas mismas facilidades a decenas de estudiantes. Incluso en cursos que no tienen nada que ver con el Derecho Público ni guardan la más mínima relación con el perfil académico de los profesores que integran el Consejo Académico de ese organismo. Más que un centro de estudios, el IDP es una máquina de ingresar dinero.
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