La institución, proscrita durante el régimen del general Franco, da un paso más en su objetivo de dejar atrás el oscurantismo que, injusto según sus miembros, la rodeó durante muchos años. Tuvo que ser la Audiencia Nacional la que, en 1979 y en contra de la postura del Gobierno, reconociera y avalara su legalidad. Sin embargo, la simple convocatoria de la inauguración ha provocado amenazas de la extrema derecha que se han traducido en dos denuncias policiales.
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