El 24 de marzo el Gobierno aprobó el reparto a las CCAA del Fondo Social Extraordinario de 300 millones de euros por el coronavirus por comunidades autónomas. Este fondo se hizo para reforzar las políticas sociales y de atención a las familias, especialmente a los más vulnerables, como mayores, dependientes, personas sin hogar o familias monoparentales. La Comunidad de Madrid y la Generalitat de Cataluña dieron prioridad a la adquisición de equipos de protección individual (EPI) en vez de al refuerzo de su personal de servicios sociales.
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