La Comunidad de Madrid adjudicó un gran contrato de conservación de carreteras a la empresa de una funcionaria autonómica, técnico de la escala superior. Esta funcionaria está destinada actualmente en la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras y su sociedad, de la que tiene un 40% de las acciones, sigue licitando y ganando adjudicaciones de la Consejería de Transportes, de la que depende esa dirección general.
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