El lucense Francisco Castro García quiso pagar con inmediatez la sanción de tráfico que le impuso la autoridad local. Pero le dijeron que en la papeleta no figuraba ni el número del agente sancionador ni su firma y que, por tanto, la denuncia no sería tramitada. Pero sí se tramitó y, aunque en la copia de calco no está firmada en el original sí aparece la signatura del agente. Ahora es el ciudadano quien cree que es su obligación cívica no pagar.
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