El retraso en los pagos a sus proveedores por parte de muchas Administraciones Públicas está ocasionando el cierre masivo de negocios y la insolvencia de numerosos empresarios. Una de las piezas básicas del patrimonio estatal son los intereses de demora, un abuso jurídico al que, afortunadamente, ha puesto término el Tribunal Constitucional (TC) en su Sentencia núm. 209/2009, de 26 de noviembre, recientemente publicada.
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