Es un atropello a la dignidad de toda la comunidad educativa. Una estafa a alumnado, docentes y familias. Cuando una ley educativa está hecha para complicar el proceso de enseñanza-aprendizaje, imponiendo, sin conocer al alumnado, cómo se debe dar clase y da más importancia a los contenidos transversales que a los que permiten el pensamiento crítico, tenemos un problema. En el caso de los docentes, el problema, lo tenemos como profesionales, en el caso del alumnado como receptores del servicio y a la sociedad como receptores de las consecuencia
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