El futuro procesal de Isabel Díaz Ayuso por la muerte de miles de internos en residencias de mayores ha quedado en manos del Tribunal Supremo. La jueza de instrucción a la que correspondió la querella de 26 familiares de residentes dictó el 29 de mayo una resolución por la que se inhibe en favor del alto tribunal, el único con potestades para investigar penalmente a quien ostente la presidencia del Ejecutivo madrileño.
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