La ley de libertad sexual, que el Gobierno prevé llevar al Consejo de Ministros de cara al próximo 8M, impide que las víctimas de agresiones sexuales en situación administrativa irregular puedan ser expulsadas una vez denuncien la violencia que han sufrido. El borrador del Ministerio de Igualdad, al que ha accedido eldiario.es, lo incorpora como parte del derecho de las víctimas a la asistencia integral. Se trata de una medida que ya existe para las mujeres que han sufrido violencia de género.
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