La reforma del Código Penal con la aprobación de la ley que introdujo la prisión permanente revisable, impulsada únicamente por el Gobierno de Mariano Rajoy, en 2015, hizo que esta pena fuera aplicable a quienes atenten contra la vida del monarca y su heredera. Fuera de su aplicación quedarían la reina consorte, los reyes eméritos y la infanta Sofía.
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