La sociedad española ha estado marcada a fuego (nunca mejor dicho) durante siglos por los dogmas e imposiciones de la Iglesia católica, en su versión más radicalmente alejada del respeto a la libertad humana según la tradición tridentina. La admisión de un régimen especial de protección activa convierte al gobierno en un rehén de la jerarquía católica. Nuestra legislación parece que avala este temor.
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