El respeto a los derechos humanos y a la diversidad de creencias impone que los servidores públicos de cualquier nivel y orden de gobierno practiquen más que nunca la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. La laicidad, entonces, no es propiamente un valor moral que rija las relaciones de los individuos dentro de la sociedades, sino uno que rige las relaciones del Estado y de los funcionario públicos con una sociedad civil plural; es un valor que garantiza la existencia armónica de una pluralidad de códigos morales y de creencias.
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