Hace unas horas el PP ha presentado una querella criminal contra el Juez Garzón, acusándole de prevaricador. Para ello se agarran a un defecto de forma al haber superado el plazo de tres días que la ley establece para inhibirse -en este caso sobre la trama de corrupción que afecta al Partido Popular- cuando tenga conocimiento de la existencia de aforados en la causa, que puede llegar incluso a afectar a diputados y senadores.
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