La versión definitiva del código penal de la era Gallardón que ya maneja el Consejo de Estado introduce modificaciones de calado en materia de corrupción y de propiedad intelectual, respecto del anteproyecto del que informaron el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial. El bloque que regula los delitos contra la corrupción es prácticamente nuevo, especialmente en materia de cohecho que establece penas de entre tres y seis años de cárcel.
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