La creación del Tribunal Especial debe respetar el derecho internacional y sustentarse en los principios y derechos consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según la declaración, el Tribunal Especial deberá gozar de un amplio apoyo interregional para así garantizar su legitimidad.
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