El Gobierno se atribuye haber arreglado un problema de gran gravedad generado por el desconocimiento legal de la ministra de Igualdad Irene Montero y su equipo para solucionar los efectos de la ley del sí es sí, cuya entrada en vigor ha beneficiado con rebajas de penas a más de 400 agresores sexuales y ha permitido la excarcelación de algunos de ellos.
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