Unos 10 millones de euros de fondos públicos que estaban destinados a prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis acabaron donde no debían, en los bolsillos de los intrusos que se colaron en los expedientes de regulación de empleo (ERE) subvencionados por la Junta de Andalucía. Esa es la estimación del fraude cometido que maneja la Junta, que está a punto de rematar la investigación de los 68 expedientes vivos que se pagan con el fondo de ayudas a empresas. La Consejería de Empleo ha manejado 647 millones de euros entre 2001 y 2010 a través d
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