La Junta de Andalucía suprimirá en diciembre el personal de refuerzo que puso en los juzgados de lo penal a raíz del 'caso Mari Luz' para desatascar las 16.000 sentencias sin ejecutar. En su lugar, la Consejería de Justicia proyecta poner en marcha en enero de 2010 una oficina específica de ejecuciones de sentencias para aliviar el trabajo de estos juzgados, aunque, eso sí, sin aumentar plantilla. Una primera reacción de los jueces de lo penal y de los sindicatos de funcionarios, se muestran contrarios a la decisión de la Junta.
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