Ha sido la consejera para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, la que dijo que estudiaba las "medidas jurídicas oportunas" para que los Ayuntamientos que reciben con seis meses de antelación el dinero necesario para prestar la ayuda a domicilio destinen dicho capital "a pagar a los trabajadores que prestan el servicio, y no a otra cosa". "No es lógico que las empresas que prestan la ayuda a domicilio no puedan pagar a sus trabajadores porque el Ayuntamiento no le ha transferido el dinero que ha recibido..
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