El ataque más fuerte contra la equidad de un sistema tributario proviene de la extensión del fraude fiscal. Ha calado en la sociedad y, por lo tanto, en el propio aparato de justicia, un discurso anti-fiscal que lleva a considerar con cierta indulgencia a los defraudadores, en la medida que todos somos contribuyentes. Se arguye que una elevada presión fiscal propicia y estimula la evasión y que ésta se reduciría si la carga tributaria fuese menor. En consecuencia, si queremos terminar con el fraude, suprimamos los impuestos.
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