Los gobiernos deben poder cambiar sus sistemas fiscales para garantizar que las multinacionales contribuyan en su justa proporción y para asegurar que los servicios públicos críticos estén bien financiados. Los Estados también deben poder reconsiderar y revocar recortes de impuestos concedidos anteriormente a las multinacionales, si aquellos no se ajustan ya a las prioridades nacionales.
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