De su patrimonio personal y no de dinero público. Así es como ha obligado un magistrado de lo Contencioso-administrativo de Alicante al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. La Conselleria no atendió cuatro requerimientos para que ingresara las costas de un proceso en el que se dio la razón a un afiliado de UGT. El auto impone una sanción de 150€ y le insta a que no use dinero público
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