El juzgado de instrucción número 7 de Barcelona que investiga decenas de denuncias presentadas por ciudadanos contra los policías del 1-O defiende que no fue ilegal participar en el referéndum y limita el carácter ilícito de la consulta a su organización. Añade que esos votos no tenían “ningún efecto jurídico relevante” una vez que el Tribunal Constitucional anuló el referéndum. “No es ilegal ni ilícito que los ciudadanos, convocados por su administración autonómica, se dirigieran a los puntos de votación que se les indicó...".
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